La Carta de Derechos Sociales denuncia que el Decreto 173/2023, regulador de la RGI, es un paso más en la criminalización de la pobreza y limita de manera inaceptable el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, por lo que se suma a la movilización convocada el próximo 24 de febrero a las 12.00h desde la plaza Moyúa de Bilbo.
El pasado 29 de marzo entraba en vigor la nueva Ley de la RGI que sustituye a la que estaba vigente desde 2008. Ya en aquel momento, la Carta de Derechos Sociales de EH se movilizó frente al Parlamento Vasco para denunciar que impulsaba la criminalización de la pobreza, reivindicando una ley que acabara de una vez por todas con la pobreza.
Denunciábamos que la Ley establece nuevos sistemas de sanción y control, creando un nuevo cuerpo de inspectores de Lanbide. Una medida del todo incomprensible cuando el fraude entre las personas perceptoras de la RGI es inferior al 0,7%. Tenemos claro que la nueva ley sólo busca la criminalización y estigmatización de las personas pobres con derecho a cobrar prestaciones sociales.
Además, denunciamos nuevamente que no elimina la reducción del 7% de las cuantías de la RGI que el Gobierno Vasco estableció en 2012 vía presupuestos. La cuantía también modifica el modelo de cálculo, que en todos los casos son inferiores a los derivados de la aplicación de la ley de 2008, sin relación alguna con el SMI.
Ya en aquel momento, la Carta denunció que las mejoras que vendía el Gobierno Vasco no eran ciertas, que no están pensadas para acabar con la pobreza, tienen letra pequeña y abundan los requisitos que dificultan el acceso a la ayuda.
Pues bien, con el desarrollo de la Ley mediante el Decreto 173/2023, regulador de la RGI, nos encontramos con mucha de esa letra pequeña. Concretamente, en el artículo 2, se establece una caracterización de los domicilios en los que deben residir las personas que pretendan tener derecho a percibir la RGI, que va a generar enormes dificultades a personas que se encuentran en situaciones muy vulnerables, lo que les obliga a compartir vivienda.
Por otro lado, este hecho va a coincidir con la desaparición de la PCV (Prestación Complementaria de Vivienda), destinada a sufragar los gastos de alquiler y su sustitución por la PEV (Prestación Económica de Vivienda), desde su entrada en vigor en el próximo mes de abril, que será gestionada por la Consejería de Vivienda, y que dejará sin la cobertura que hasta ahora daba la PCV a personas sin ingresos, perceptoras de la RGI y que vivían de alquiler o subarriendo de habitaciones.
La nueva Ley salió adelante gracias a los votos de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos y la abstención de EH Bildu, a pesar del amplio rechazo social que suscita. La Carta de Derechos Sociales de EH denuncia que en la situación actual se está incrementando el empobrecimiento en gran parte de la sociedad y reclama un cambio de rumbo en las políticas públicas para abordar de raíz esta situación y apostar por unas condiciones de vida dignas.
La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria exige la retirada de medidas que solo buscan criminalizar a las personas pobres y demanda una ley que acabe de una vez por todas con la pobreza. Siendo una cuestión de voluntad política, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria seguirá presionando para garantizar una vida digna para todas las personas, apoyando las movilizaciones que sean necesarias para ello, como la convocada el sábado 24 de febrero en Bilbo por diversos colectivos sociales.
¡NO A LOS NUEVOS RECORTES EN PRESTACIONES SOCIALES! KRIMINALIZAZIORI ETA POBRETZEARI AURRE EGIN!
