Convocadas por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, el pasado domingo miles de personas salieron a la calle en Bilbao, Donostia y Gasteiz para reclamar al Gobierno Vasco unos presupuestos sociales, participativos y soberanos. Tras las movilizaciones celebradas durante noviembre en Navarra, los actos celebrados en Bilbo, Donostia y Gasteiz han sido el último hito de la dinámica movilizadora iniciada en la CAPV en vísperas de que el Gobierno Vasco presente su proyecto de presupuestos vascos.
La crisis sanitaria ha dejado claro que el sistema actual no funciona, acelerando la crisis estructural y múltiple: crisis de cuidados, crisis de relaciones laborales, crisis del modelo de desarrollo, crisis de protección social… Por eso, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria reivindica una nueva normalidad, un nuevo modelo que garantice los derechos de todos los ciudadanos. En la base de las medidas que están tomando los gobiernos para responder a la crisis sanitaria está la esencia del sistema que no funciona. Por lo tanto, las carencias que había anteriormente no se van a solucionar y además, se van a repetir, dejando a la ciudadanía indefensa en este contexto de emergencia.
En las movilizaciones se han puesto encima de la mesa 7 reivindicaciones prioritarias que ponen en el centro la vida y las necesidades de la ciudadanía. En opinión de esta iniciativa social, es urgente que los presupuestos prevean partidas concretas, procesos o recursos para garantizar estas prioridades. s.
El Gobierno de la CAPV enviará el proyecto de presupuestos al Parlamento el 17 de diciembre. Sin embargo, no se detecta ninguna voluntad de incrementar las dotaciones presupuestarias para garantizar las medidas sociales. En cambio, lo que auguran es que, aunque aún no estén definidos, los presupuestos de 2021 serán muy similares a los de 2020. Esto es, que serán unos presupuestos continuistas, como si no hubiera pasado nada. Estos presupuestos no van a responder a las necesidades prioritarias para la ciudadanía: no van a desarrollar los servicios públicos, no van a reforzar la protección social, no van a garantizar el empleo de calidad y no van a dar pasos hacia un sistema público de cuidados.