Los gobiernos de Iruñea y Gasteiz no pierden oportunidad para mostrar una y otra vez su apuesta por el desmantelamiento del sistema público de salud y por favorecer los intereses de los negocios sanitarios privados. En el caso navarro, negociando la eliminación de la exclusividad en el ejercicio de la medicina en el sistema público, y defendiendo que siga sin aplicarse en la Comunidad Autónoma Vasca.
La exclusividad consiste en que las y los médicos que voluntariamente renuncian a ejercer la práctica privada de la medicina cobran un complemento económico mensual cuya cuantía varía según Comunidad Autónoma. En Ipar Euslkal Herria las y los médicos hospitalarios de la red pública tienen prohibido mantener intereses propios o por cuenta ajena que pueda comprometer su independencia, especialmente la posesión de una consulta particular, no les está permitido el ejercicio de su actividad médica en una sociedad médica privada y tienen condiciones laborales similares al funcionariado.
La solicitud de la eliminación de la exclusividad, o la ausencia de la misma en la Comunidad Autónoma Vasca, es una reclamación médica corporativa de carácter económico que favorece a una minoría de las médicas/os hospitalarios y a aseguradoras, clínicas y otros negocios sanitarios privados que parasitan los recursos humanos y materiales del sistema público. El Sindicato Médico, promotor de esta medida, nunca se ha opuesto a los recortes llevados a cabo en la sanidad navarra por UPN y PSN. Por tanto, dejan clara su apuesta por el lucro propio y no por el aumento de la inversión en sanidad.
Son actuaciones de parasitación por los negocios sanitarios privados que en definitiva deterioran el Sistema Público de Salud (SPS), aumentan sus costes, e incrementan las listas de espera, dada la intencionada reducción de la actividad en el SPS. En definitiva, se deteriora la calidad asistencial fomentando así que los estratos sociales que puedan pagarse un seguro o hacer frente a más factura se dirijan a la sanidad privada.
La degradación en los servicios públicos de salud ha sido constante en los últimos años en ambas comunidades: tasas de interinidad de alrededor del 50%, pérdida constante del poder adquisitivo de los y las trabajadoras (alrededor del 16%), huida de los y las profesionales tanto al sector privado como al extranjero, falta de inversión, etcétera.
No podemos pasar por alto que todo esto ahonda en la privatización de los servicios públicos más esenciales, como es la sanidad. En los últimos años hemos sido testigos de privatizaciones en diferentes servicios de Osakidetza y Osasunbidea; como la limpieza, las cocinas, ambulancias etcétera. Esto último, tiene especial gravedad desde el punto de vista de clase y de género, ya que los servicios que se privatizan son los más precarios y los más feminizados.
La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria apuesta por servicios públicos y de calidad como ha reivindicado en sendas movilizaciones durante los últimos años, la última el 19 de noviembre de 2022. Así se posiciona en contra de las medidas que repercutan negativamente en la sanidad pública favoreciendo la sanidad privada. El desmantelamiento paulatino de los servicios públicos empobrece a la ciudadanía y especialmente a los sectores en situaciones de mayor vulnerabilidad, mientras que unos servicios públicos fortalecidos y de calidad posibilitan mejores condiciones de vida para todos y todas.
Por todo esto, exigimos el mantenimiento, o recuperación en su caso, de la exclusividad en la práctica médica desde nuestro compromiso con la defensa de la calidad y mejora de los servicios públicos. Entendemos la iniciativa contra su habilitación como una actuación neoliberal más de los defensores de este sistema económico depredador generador de desigualdades, que busca el beneficio de unos pocos a costa del desprecio de los derechos de la inmensa mayoría de la población.
La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria llama a impulsar y apoyar las movilizaciones necesarias en defensa del sistema sanitario público cercado por las estrategias privatizadoras del empresariado y deteriorado por la desidia de los gestores de los servicios vasco y navarro de salud, y solicita a los parlamentos respectivos impulsar la modificación de las posiciones y las estrategias de ambos Gobiernos.
