La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria ha solicitado reunirse con todos y todas las candidatas que se presentan a las elecciones del 12 de julio, para debatir sobre sus propuestas y pedir compromisos. Las reuniones con PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos se han realizado esta semana.
En lo que respecta a la valoración de estas reuniones, en primer lugar, para la Carta de Derechos Sociales la actitud de PSE y PP es totalmente denunciable. No es aceptable que estos dos partidos que tienen como objetivo la gestión de políticas públicas se nieguen a reunirse con una delegación de la mayoría sindical y social.
En lo que respecta al PNV, la Carta denuncia que la reunión ha sido para ratificar los argumentos del Lehendakari para no reunirse con representantes de la Carta de Derechos Sociales en el contexto de la Huelga General del 30 de enero. Como principal partido en el gobierno no han realizado ninguna autocrítica, han señalado que el actual sistema ha sido adecuado para hacer frente a la crisis y han dejando claro que no ven la necesidad de alterar la dirección de las políticas que se han desarrollado hasta ahora.
La candidata de EH Bildu Maddalen Iriarte y la representación de Podemos han visto con buenos ojos las propuestas realizadas, han indicado que muchas de ellas están recogidas en sus programas y han mostrado su compromiso para intentar poner en marcha medidas para llevarlas adelante.
Cuando se constituya el nuevo gobierno la Carta de Derechos Sociales estará atenta para ver qué dirección toman las políticas que se apliquen ante el riesgo de profundizar en políticas neoliberales y para que los compromisos adoptados esta semana se lleven adelante, y si no hay cambios respecto a las líneas propuestas, seguirá trabajando y movilizándose en torno a éstas reivindicaciones básicas y otras.
El sistema capitalista, heteropatriarcal, racista y ecocida en el que vivimos está enfermo. La crisis del covid-19 ha dejado de manifestado con mayor intensidad la crisis sistémica (económica, social, de cuidados, ecológica…) que llevamos denunciado desde hace tiempo desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y el necesario cambio social.
Por eso se llevó a cabo la Huelga General del 30 de enero por un trabajo, unas pensiones y una vida dignas, con la reivindicación de situar en el centro las vidas y los cuidados en el conflicto entre capital y vida. El éxito de la huelga dejó claro, por un lado, el potencial que tiene el trabajo conjunto de los agentes que están a favor del cambio social, y por el otro, las ansias de cambio de una mayoría social.
El covid-19 ha hecho más visibles algunos elementos que denunciábamos y reivindicábamos entonces: la necesidad de situar la salud y la vida por encima del capital, la importancia de un sector público y un sistema de protección fuerte, cuáles son los trabajos esenciales para el sostenimiento de la mida (cuidados, salud, limpieza, alimentación…) y también que estos trabajo son realizados mayoritariamente por mujeres (en muchas ocasiones racializadas) en situaciones precarias…
En este contexto, los agentes que componen la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han seguido trabajando, poniendo encima de la mesa propuestas para dar a esta crisis una solución justa que responda a las necesidades de la mayoría social y movilizándose por ellas. Claro ejemplo de ello son las exitosas movilizaciones que se realizaron el pasado 19 de junio con el lema “Cuidar de lo público, de lo esencial repartiendo la riqueza. ¡Primero la vida!”, en torno a siete ejes:
• Desarrollo de los servicios públicos. Publificación inmediata de los trabajos de cuidados (residencias de mayores, centros de día, residencias-asociaciones para personas con diversidad funcional), servicios que trabajan para la sanidad público, servicios subcontratados (limpieza, monitores y monitoras de educación, trabajadoras-educadoras de comedores…) de las administraciones públicas (educación pública, sanidad…) y de servicios de ambulancias, garantizando la subrogación y procesos excepcionales para convertirlos en personal fijo de todas y todos los trabajadores. Equiparación de las condiciones laborales de estos ámbitos con las de las y los trabajadores públicos.
• Cambiar el modelo de cuidados y que las administraciones creen 10.000 empleos para garantizar un sistema público, universal y gratuito de cuidados que garantice un cuidado de calidad desde el nacimiento a la muerte.
• Medidas planteadas por la Iniciativa Legislativa Popular contra la pobreza y la exclusión social: que el importe de la Renta de Garantía de Ingresos y la Renta Garantizada sean del 100% del salario mínimo y derecho a la vivienda.
• Ingreso mínimo de 1.080 euros para las personas jubiladas.
• Salario mínimo de 1.200 euros y jornada laboral de un máximo de 35 horas.
• Toda la subida del gasto que supone esta propuesta y la deuda pública que se generaría en este contexto se a costa de impuestos sobre rentas altas, del capital y beneficios empresariales.
• Regularización de todas las personas que están en situación administrativa irregular y trabajan en la economía sumergida.
