La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria convoca una movilización para el 5 de julio, en Bilbao, con el objetivo de paralizar el proyecto de reforma legal de la RGI, proyecto promovido por el Gobierno Vasco, que consolida los recortes que se aplican actualmente. La movilización comenzará frente al Gobierno Vasco, en Bilbao, a las 11:30 horas. Estas son las principales reivindicaciones: suspensión del proyecto; cese de las restricciones que se están aplicando respecto a la ley de 2008; la aprobación de las medidas contempladas en la Iniciativa Legislativa Popular contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Carta Social y la defensa de estas medidas por parte de los grupos parlamentarios; y abrir un verdadero debate social y participativo sobre el sistema de protección.
La Carta asegura que el proyecto de reforma legal de la RGI sólo empeorará, aún más, la situación de las personas que reciben la ayuda, porque consolidará los recortes que ya se aplican actualmente.
Así lo trasladaron el lunes, 13 de junio, cuando la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria compareció en el Parlamento de Gasteiz para denunciar el proyecto de ley en torno a la RGI propuesto por el Gobierno Vasco y trasladar las siguientes reivindicaciones:
⦁ La Carta pide la retirada del proyecto, la aplicación inmediata de las cuantías de la prestación que establece la ley de 2008 y la apertura de un proceso que tengan por objeto mejorar la prestación actual.
⦁ La Carta entiende que el Gobierno Vasco está haciendo mera propaganda con el tema de la RGI, ya que supone un retroceso respecto a la ley de 2008, la cual no se cumple desde 2012.
⦁ Además, como viene siendo habitual, se está limitando la posibilidad real de participación y aportación de los agentes sociales y sindicales, realizando el proceso de forma rápida y unilateral.
⦁ Una persona no pensionista cobra en 2022 una cuantía de 727,41€. Por el contrario, con la ley de 2008 cobraría 1.026 €. El proyecto de ley fija la RGI para 2023 en 737,44€, algo más que en 2022, pero no cubre la pérdida de poder adquisitivo de este año.
⦁ Denunciamos el planteamiento de la desaparición de la Prestación Complementaria de Vivienda en dos años.
⦁ También deberían suspenderse las medidas que solo buscan la criminalización de las personas perceptoras, que solo alimentan el discurso y la xenofobia de la extrema derecha.
⦁ La Encuesta de Pobreza y Diferencia Social del Gobierno Vasco dice así: «El sistema de prestaciones excluye a 30 de cada 100 personas en riesgo de pobreza, 37 personas de cada 100 tienen protección pero les permite salir del riesgo de pobreza y sólo el 33% que queda sale de la situación de pobreza». Por tanto, el sistema no es suficiente y hay que mejorarlo sustancialmente.
⦁ Por tanto, más que un modelo que cronifique y haga insostenible la situación actual de pobreza, creemos que el verdadero debate está en la voluntad de construir un sistema de protección que cubra las necesidad de las personas ciudadanas y les permita vivir una vida digna. El debate del sistema de garantía de ingresos debe enmarcarse en ese marco general.
⦁ Hay que recordar que se planteó una ILP contra la pobreza y la exclusión social, con el apoyo de más de 51.000 firmas y que ni siquiera se pudo debatir, ya que no se aceptó a trámite.