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La Carta Social de Derechos exige frente al Parlamento de Navarra una nueva política de fiscalidad

La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria se ha concentrado hoy ante el Parlamento de Nafarroa para reclamar una nueva política fiscal.

El Gobierno de Navarra tiene un acuerdo para aprobar un presupuesto en el que el gasto sanitario de 2021 no se va a aumentar respecto a lo que se gaste en 2020. Es un presupuesto continuista e incapaz de responder al necesario fortalecimiento de los servicios públicos reclamado por la sociedad. Además de insuficiente, sigue siendo un presupuesto muy lejos del gasto medio de la Unión Europea. Y nosotras lo decimos muy claro: es urgente abordar los problemas estructurales que hace tiempo existen y que durante la pandemia han quedado más aun en evidencia: carencias en servicios públicos y servicios sociales, necesidad de vivienda, energía y alimentación…
Es preciso habilitar los necesarios medios para atender la epidemia con más personal, más recursos, más instalaciones que permitan recuperar la atención sanitaria presencial, pero también reforzar una Atención Primaria de salud que ha sido debilitada durante lustros, limitándose a tareas de curacion y no de prevención. Una vez más parece relegarse el atender las tareas que Atención Primaria debiera desarrollar en materia de salud pública, de salud laboral poblacional, de educación sanitaria, de trabajo social, de investigación.

El modelo residencial para las personas mayores ha fracasado y desde ya debe comenzarse a recorrer caminos distintos a la tendencia privatizadora de los cuidados. Debe comenzarse a construir un sistema público y fomentar unos modelos habitacionales con derechos de personas usuarias y sus familiares, con personal y medios garantizados, con condiciones de empleo y trabajo dignas. Un modelo que apueste por la permanencia de las personas mayores en su medio, en los domicilios con los apoyos necesarios, que habilite centros de pequeño tamaño y que contribuya al equilibrio territorial de Navarra.

Jamás en la historia se había producido tanta riqueza a tan bajo coste, pero la riqueza generada por la sociedad la expropia una minoría cada vez más reducida. El poder de las corporaciones multinacionales en connivencia con los estados del Norte opulentos controlan este sistema basado en la explotación humana y el expolio de la naturaleza en especial de los países empobrecidos. Se permiten negar derechos básicos a las personas que huyen de conflictos políticos y económicos y se ven obligados a emigrar a un occidente con los brazos cerrados. La pandemia no puede ser una excusa para levantar más muros. Los derechos a una renta universal suficiente en ausencia de un trabajo decente, el acceso a una vivienda digna, a una sanidad universal deben ser para todas y todos. Y actualmente no lo son.

Estos días nos hablan de pactos para la pervivencia del sistema de pensiones. Un sistema incapaz de habilitar pensiones dignas para millones de personas, expoliado por cotizaciones ridículas de amplios colectivos para lograr sus votos clientelares. Unos pactos que disminuyen las cuantías de las prestaciones para obligar a financiar planes de ahorro, privados o públicos, en beneficio de la banca. En Navarra, se puede y se debe complementar las pensiones de miseria hasta un mínimo de 1080 euros sin más dilación.

La crisis golpea de forma más grave a las mujeres porque parten de una situación desigual e injusta. Ha visibilizado más que nunca nuestra vulnerabilidad y necesidad de cuidados que son ejercidos en su inmensa mayoría por mujeres y deben ser reconocidos y asumidos de manera colectiva. Para avanzar hacia una sociedad igualitaria debemos asumir una mirada feminista.
En materia medioambiental el empeño en continuar con la construcción del TAV, el Canal de Navarra, el recrecimiento de Yesa, la dependencia del sector automovilístico, el apoyo incondicional al coche eléctrico sin un cuestionamiento del modelo de consumo, son evidencias de la debilidad de los discursos que se disfrazan de verde y sostenibles, pero no lo son.

Necesitamos que haya un reparto del trabajo y una reforma fiscal verdadera, progresiva y que luche contra el fraude fiscal. Frente al mantra de la falta de competencias para hacer frente a esas necesidades demandamos una mayor soberanía y capacidad de decisión política.

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