El 6 de febrero de 2020 se hundió el vertedero de Verter Recycling en Zaldibar y entre la basura desaparecieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Tras 6 meses y 10 días desaparecidos, se encontraron los restos de Alberto Sololuze. Desgraciadamente, tras 15 meses y 8 días, el Gobierno Vasco, sin encontrar los restos de Joaquín Beltrán, ha decidido interrumpir la búsqueda. Es evidente que quieren quitarse este asunto de encima, eludiendo responsabilidades y presentando a Verter Recycling como único culpable ante la opinión pública.
¿Y dónde está el lehendakari Iñigo Urkullu? Al igual que estuvo desaparecido los días posteriores a la catástrofe de Zaldibar, esta vez tampoco ha dado la cara. Las labores de búsqueda se han dado por finalizadas, pero este asunto no termina aquí. Porque depurar responsabilidades políticas y llegar hasta las últimas consecuencias es imprescindible para que se conozca la verdad, se haga justicia y se tengan garantías de que no vuelva a ocurrir.
Desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, y desde la mayoría sindical y los movimientos sociales que la conformamos, hemos denunciado la gestión del vertedero, tanto en el momento en que se produjo el desprendimiento, como antes y después de la catástrofe.
La empresa verter Recycling tiene responsabilidad directa sobre los trabajadores fallecidos. A lo largo de los años en Zaldibar ha sido evidente la falta de control. Y el Gobierno Vasco y el Departamento de Medio Ambiente, no hicieron nada.
Pero ante la actividad clientelar, opaca, insostenible y peligrosa que ha existido durante años en el vertedero de Zaldibar, la responsabilidad no puede limitarse al ámbito privado, porque el ámbito público ha tenido una responsabilidad política sobre lo que estaba ocurriendo. Estos responsables tienen nombres, apellidos y responsabilidades políticas. Según los informes remitidos estos últimos días a los juzgados, el vertedero de Zaldibar estaba en grave peligro desde 2016 y en todos estos años no se han realizado las mediciones y controles necesarios. El Gobierno Vasco dirigido por Iñigo Urkullu y el consejero Iñaki Arriola tienen una responsabilidad política directa sobre lo ocurrido en Zaldibar. Más aún, si tenemos en cuenta la relación directa que existe entre la empresa y varios cargos políticos. La política de subcontratación de la administración pública tiene consecuencias directas sobre la clase trabajadora, como se ha visto en esta catástrofe.
Entre los principales responsables, también está sin duda la patronal. Porque incumple la legislación vigente. La privatización de la gestión de residuos y la falta de control público han convertido el actual modelo de gestión de residuos en un negocio en el que la patronal también ha encontrado beneficios a costa tanto de la clase trabajadora como del medio ambiente. Ante esta trágica situación, no denunciar a la patronal, ha convertido a la propia administración pública en cómplice, ya que no adopta las medidas de vigilancia, control y protección necesarias para cambiar la situación, para garantizar la vida y la salud de las personas trabajadoras y para hacer la transición hacia un modelo sostenible de gestión de residuos.
Desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, y desde la mayoría sindical y los agentes sociales que la conformamos, además de denunciar todo esto, queremos mostrar todo el apoyo y solidaridad a la familia de Joaquín Beltrán. Y hacemos un llamamiento para acudir a la manifestación que se celebrará este sábado a las 6 de la tarde en Zalla.
