La situación creada por Covid-19 ha hecho aún más visible la crisis estructural (económica, social, ecológica, de cuidados) y la transformación social necesaria para mejorar la situación que hemos denunciado continuamente los agentes que conformamos la Carta Social de Euskal Herria.
Con estas palabras terminamos el curso haciendo un llamamiento a movilizarnos el 19 de junio. Desgraciadamente, la crisis sanitaria que ha creado el estado de excepción continúa, apareciendo de forma cada vez más profunda las carencias que tiene este sistema y precarizando las vidas de amplios sectores de la ciudadanía y la clase trabajadora. Por ello, iniciaremos el curso presentando una dinámica de movilizaciones. Por lo tanto, aprovecharemos la comparecencia de hoy para presentar la campaña bajo el lema: “¡Repartir la riqueza, garantizar derechos, desarrollar servicios públicos! ¡Primero la vida!”.
Los agentes, sindicatos y colectivos de economía social transformadora que formamos parte de la Carta Social cuestionamos el sistema actual: el que teníamos antes no garantizaba los derechos de todas las personas, y la nueva normalidad de ahora, aún menos.
Reparto de la riqueza
Nos quieren hacer creer que la fiscalidad es un ejercicio abstracto alejado del entendimiento de la ciudadanía. La realidad es muy distinta, ya que está perfectamente interiorizada en nuestra vida cotidiana. La clave está en cómo se crea y se distribuye la riqueza. Si hay riqueza, el problema es que se reparte en beneficio del capital o de las rentas más altas y no hay medidas fiscales para repartirlas de forma equilibrada.
Por ello, reivindicamos prioritariamente:
• Que todo el incremento de gasto imprescindible para hacer frente a esta situación y la deuda pública que se generará en este contexto sea a cargo de las rentas altas, las rentas de capital, el patrimonio y los impuestos sobre los beneficios empresariales.
• Presupuestos sociales, participativos y soberanos. Necesitamos unos presupuestos que garanticen unos servicios públicos de calidad y una protección social.
En este contexto, con la aportación de la Carta Social y en un esfuerzo por acercar el modelo de fiscalidad a la ciudadanía, el 5 de noviembre organizaremos una mesa redonda (los detalles se darán a conocer más adelante). Asimismo, acordaremos las bases para un nuevo modelo de fiscalidad y las presentaremos en torno a la mesa.
Garantizar derechos
Sin duda, la crisis sanitaria ha golpeado de forma cruenta a los ciudadanos que viven en una situación precaria, evidenciando vulneraciones de derechos que ya existían. Sin embargo, si no se transforma el modelo socioeconómico, estarán en peligro los derechos sociales básicos de la ciudadanía (vivienda, sanidad, educación, alimentación saludable, energía…). Asimismo, reivindicamos un empleo digno y de calidad y denunciamos cualquier intento de destrucción y precarización del empleo. Cada vez serán más las personas trabajadoras y/o pensionistas que no pueden garantizar una vida digna, con las mujeres y las personas jóvenes en una situación todavía peor.
Por ello, reivindicamos prioritariamente:
• Medidas planteadas en la ILP contra la pobreza y la exclusión social: la RGI y la UE al 100% del salario mínimo y el derecho a la vivienda.
• Un ingreso mínimo de 1.080 euros para las personas jubiladas.
• Salario mínimo 1.200 euros/jornada máxima de 35 horas.
• Regularización de todas las personas que trabajan en situación administrativa irregular y economía sumergida.
Defendemos todos los derechos para todas las personas y nos movilizaremos ante propuestas que no se enmarcan en esta dirección.
Desarrollo de servicios públicos
Las plantillas de Educación, Sanidad, Residencia/Residencia de Ancianos, Servicios Subcontratados y Servicios Sociales está luchando desde el inicio de curso por poner encima de la mesa una serie de propuestas para resolver la situación. En la medida en que mejoren las condiciones laborales de estos trabajadores, habrá condiciones para ofrecer un mejor servicio y que lo que está en juego es el propio modelo de servicio, vida vs capital.
En este contexto es imprescindible el fortalecimiento y desarrollo de los servicios públicos como vía para garantizar los derechos a toda la ciudadanía. Sin embargo, para ello hay que cambiar radicalmente el rumbo de las políticas públicas actuales, situando a las personas en el centro y abriendo las puertas al camino para cambiar estructuralmente el modelo socio-productivo.
Por ello, reivindicamos prioritariamente:
• Desarrollo de servicios públicos. Garantizando la publificación inmediata de las tareas de cuidado (residencia de ancianos, centros de día, asociaciones residenciales para personas con diversidad funcional, residencia de menores y servicios a domicilio), servicios que trabajan para la sanidad pública, servicios subcontratados por las administraciones públicas (educación pública, sanidad) (monitores de limpieza, educación, educadores de comedores…) y servicios de ambulancias, subrogación de todo el personal y un procedimiento excepcional de consolidación. Equiparar las condiciones laborales de estos ámbitos a las del empleo público.
• Creación de 10.000 puestos de trabajo por parte de las administraciones para garantizar un sistema de cuidados de calidad, público, universal y gratuito, que modifique el modelo de cuidados y garantice la custodia desde el nacimiento hasta el final de la vida.
En la medida en que los presupuestos son una herramienta imprescindible para incidir en todo esto, vamos a poner en marcha desde hoy una campaña de movilización.
• Interpelación institucional. Pediremos reuniones a los Gobiernos de Navarra y la CAV para hacer propuestas concretas sobre los presupuestos
• El 28 de noviembre nos manifestaremos en Iruña.
• El 13 de diciembre realizaremos sendas manifestaciones en Bilbao, Donostia y Gasteiz.
– Iniciativas 19/26 noviembre: movilizaciones en la primera quincena de diciembre en cada territorio.
Asimismo, hacemos un llamamiento a la participación en las manifestaciones de este 31 de octubre en Bilbao, Donostia, Gasteiz y Pamplona, en colaboración con el movimiento de pensionistas. La situación que se vive en las residencias deja claro que este modelo no funciona y que el cambio es imprescindible. Estaremos presentes para reivindicar un sistema de vigilancia público, universal y gratuito.
