La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria ha convocado un acto para el 19 de noviembre y una gran manifestación el día 28 en Iruñea en favor de una politica fiscal y presupuestaria que pongan la vida por encima de todo.
El 30 de enero la Carta de Derechos Sociales convocó una huelga general con tres ejes principales: la defensa de un sistema público y digno de pensiones, combatir la precariedad y avanzar en derechos sociales al objeto de reducir la cada vez mayor desigualdad social. Poco se ha avanzado desde entonces. No se ha eliminado la reforma laboral, las pensiones no han sido complementadas por el Gobierno de Navarra hasta los 1080 euros reclamados por las asociaciones de pensionistas y se apuesta por un modelo privatizador, la renta garantizada no llega a todas las personas que la necesitan.
La pandemia Covid-19 ha venido a subrayar las demandas exigidas en su día y a aflorar otras nuevas necesidades.
Los efectos han sido devastadores:
En el Sistema Sanitario Público y pese al esfuerzo de sus empleadas y empleados, se ha producido un auténtico secuestro de la atención primaria para la covid19 sin poderse atender el resto de problemas de salud.
Las residencias de mayores, entendidas como negocio basado en las condiciones precarias de trabajo de sus empeladas y empleados se ha comportado como un caldo de cultivo mortal.
Los colectivos de trabajadoras y trabajadores de condiciones de vida y trabajo más precarios (ETT, Residencias, temporeros, inmigrantes en industria cárnica…) se han visto afectados por numerosos brotes de infección.
Hemos visto que necesidades que son básicas no se están garantizando, lo cual multiplican los problemas provocados por la Covid. Un ejemplo claro es la falta de vivienda adecuada con imágenes de familias enteras hacinadas y confinadas en una única habitación.
El desempleo está a la espera de alcanzar cotas nunca conocidas, en especial entre las y los jóvenes.
La sustitución de los salarios por ERTES ha supuesto el empobrecimiento, a veces coyuntural a veces definitivo de decenas de miles de trabajadoras y trabajadores. A esto debemos sumarles los miles de trabajadores y sobre todo trabajadoras que no pueden acogerse a los ERTEs por carecer previamente de un contrato o con contratos parciales fraudulentos.
La dilapidación de recursos públicos en infra estructuras socialmente fraudulentas como el TAV sigue minando los presupuestos
El Gobierno de Navarra y su óptica neoliberal propuso el plan reactivar Navarra, cuyo objetivo principal está siendo seguir inyectando cantidades ingentes de dinero a los de siempre. Frente a esta realidad desde la sociedad se han levantado cada vez más voces exigiendo los cambios necesarios para evitar tanta desigualdad, tanta necesidad no atendida. Lo han hecho las y los trabajadores de la sanidad, lo hicieron las y los trabajadores de la intervención social y socio sanitarios, las y los familiares de residentes y otros que a buen seguro lo seguirán haciendo próximamente.
Desde la Carta de derechos sociales reclamamos un cambio de sistema que realmente ponga la vida y los cuidados en el centro, que pase de apostar por las privatizaciones a la necesaria apuesta por el refuerzo de los servicios públicos. Los presupuestos son un buen momento para demostrar la voluntad de este gobierno en tal sentido. Es necesario el refuerzo de las partidas No-covid en todos los departamentos destinados a cambios estructurales, y no coyunturales. Por ello en las reuniones que estos días estamos teniendo con Gobierno de Navarra y partidos políticos presentes en el Parlamento, les trasladaremos necesidades urgentes que deben ser garantizadas en este proyecto de presupuestos para el año 2021, y que en breve tendremos más detalladas.
Publificación urgente de los servicios públicos privatizados del ámbito del cuidado a las personas destinando las partidas necesarias para ello. Garantía de gasto del 6% para educación y del 7% del PIB a la sanidad pública.
Garantía de parque de vivienda pública para ofrecer a toda la población residente en Navarra sin excepciones.
Renta garantizada equiparada al SMI.
Complemento a las pensiones hasta un mínimo de 1080 euros.
Salarios minimos de 1200 y jornadas máximas de 35 horas en todo el sector público y sus contratas mientras existan.
Medidas urgentes para regularizar a todas las personas que residan y/o trabajen de manera irregular.
Paralización inmediata de las macroinfraestructuras que supongan derivación de dinero público de manera directa o indirecta a fines que no sean las necesidades de las personas.
Para ello es necesario que se haga una reforma fiscal para recaudad más en las empresas, el patrimonio y a las rentas del capital. Que paguen más quienes más tienen. Si no se hace una reforma fiscal de calado volverá el endeudamiento y los recortes para la mayoría de la población.
Por eso llamamos a salir a la calle, a movilizarnos. Desde la Carta lo haremos el día 19 y proponemos hacer una gran manifestación de confluencia con todos los colectivos que así lo deseen el día 28 de ese mes de noviembre.
